El pez grande se come al chico, siempre ha sido así, es un
hecho evidente, ahora bien, para que nuestra sociedad no sea una jungla,
existen leyes, que en este caso protegen al chico, leyes que las
administraciones aplican por el bien de los usuarios y por el bien de los
propios sectores, entonces: ¿cómo puede ser que el pez grande sigua queriendo
engullir todo, saltándose las leyes?
En su día algún “político intelectual” de Bruselas nos
vendió la moto de las liberalizaciones de los sectores económicos, había que
eliminar el proteccionismo y eso crearía riqueza y puestos de trabajo, es Adams
Smith y David Ricardo a finales del siglo XIX, nada nuevo, es el sistema que ha
existido desde que el ser humano inventó la agricultura o seguramente antes.
Claro está que el devenir de la civilización creó acuerdos, plasmó sentencias,
creo leyes que entendieron justas y que fueron renovándose con los años. Para
esos “intelectuales de Bruselas” era imperante hacer una ley que eliminara los
monopolios, la famosa “Ley Ómnibus”, que entró en vigor el 27 de diciembre de
2009. Es una ley que modifica 47 leyes estatales de
sectores como los de la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura
o la sanidad. Supone la modificación de 116 decretos leyes y normas
autonómicas y municipales y elimina 16 regímenes de autorización previa, otros
32 los sustituye por comunicaciones previas, y suprime 111 requisitos. Aquí radica
el problema: pone en el mismo plano a IBERIA, RENFE, REPSOL, UBER, CABETY, que
una empresa de 1 solo trabajador, un autónomo, ¿Esto es justo?
No, por supuesto que no lo es.
Para colmo, los inversores de Wall Street inventan nuevos
segmentos de negocio, que suele ser la captación de otros ya existentes, súmale
que las fronteras no existen en internet, ni tampoco los controles fiscales y
laborales. Ese es el caldo para LA NUEVA ESCLAVITUD. A la receta se le añade
una sarta de eufemismos, un poco de “economía colaborativa”, un poco de “sana
competencia”, otro de neoliberalismo, y por fin una bajada de precios para el
consumidor.
La realidad es que la Ley Ómnibus es una farsa, no se aplica
a los grandes, ni se aplica a los colegios profesionales, a los gremios de
periodistas, o de abogados, de médicos, de empresas de autobuses urbanos, de farmacéuticos,
de cuerpos de funcionarios.
La realidad es que siempre necesitas una licencia
para ejercer algo, un certificado, una autorización, un documento que dé legalidad
a tu trabajo, a tu “negocio”. Por lo visto esa legalidad solo es aplicable en determinados
casos. En los casos que no afectan a determinadas castas.
Esas empresas quieren más, más y más dinero, sin importar
familias, ni vidas, para ellos solo somos números y leyes locales que les
molestan.
