El PSOE
ocultó un agujero de 337 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza
ROBERTO
PÉREZ / ZARAGOZA
Diario
ABC -Día 29/01/2015 - 12.44h
Los documentos contables de
2011 escondieron pagos pendientes por valor de 244 millones.
Los
documentos contables del Ayuntamiento de Zaragoza del año 2011 incurrieron en
«notables debilidades en los sistemas de control interno del Ayuntamiento de
Zaragoza, en la elaboración de la Cuenta General, así como en el registro y
seguimiento de la actividad económica y financiera». Es la suave forma con la
que la Cámara de Cuentas de Aragón reconoce que esos documentos contables eran
irreales, bien porque fueron maquilladas a conciencia, bien porque hubo errores
de un calibre incomprensible para una institución de la dimensión del
Ayuntamiento de Zaragoza. El caso es que se ocultó un agujero de 337 millones
de euros en las arcas municipales al acabar 2011.
El
informe definitivo de fiscalización, que se acaba de hacer público, reprocha al
Consistorio no haber computado gastos, haber dejado un buen número de facturas
sin contabilizar, no reconocer pagos que debía hacer por tenerlos ya
comprometidos, y haber «infravalorado» el agujero económico con el que el
Ayuntamiento de Zaragoza cerró aquel año.
El
gobierno municipal presidido por el socialista Juan Alberto Belloch declaró, al
finalizar 2011, que la institución municipal tenía compromisos pendientes de
pago por valor de 1.244,74 millones de euros, cuando en realidad la cifra era
muy superior: 244,41 millones más de los que había declarado en su
documentación económica oficial.
Al
acabar 2011 —último ejercicio municipal de Zaragoza fiscalizado por la Cámara
de Cuentas— el agujero del Ayuntamiento ascendió a 344,6 millones de euros,
cuando el informe oficial presentado pro el gobierno de Belloch hablaba
únicamente de siete. Es decir, ocultó un agujero e 337 millones en el remanente
de tesorería. Éste se calcula sumando el dinero que tiene el Ayuntamiento más
los derechos pendientes de cobro, y restándole a ello las obligaciones
pendientes de pago.
Deudas «no afloradas»
Los
documentos contables ignoraron obligaciones de pago. No las «afloraron», según
dice la Cámara de Cuentas. Un caso notorio y notable fueron las obras del
tranvía. Según el órgano fiscalizador, el Ayuntamiento no declaró una deuda
pendiente de pago de 181 millones de euros por la construcción del tranvía,
proyecto estrella de los socialistas en Zaragoza que ha generado una hipoteca
de cientos de millones de euros que la ciudad tendrá que pagar durante décadas
—cada centímetro de raíles salen a 500 euros—.
También
se han detectado «gastos no contabilizados» por importe de 21,12 millones de
euros. Es decir, facturas que quedaron en los cajones, que no se incluyeron en
la contabilidad, pero que engrosaban las obligaciones de pago que había
contraído en realidad el Ayuntamiento.
Demasiadas subvenciones a dedo
El
informe de la Cámara de Cuentas ha detectado igualmente anomalías en otras
áreas de gestión. Por ejemplo, en la concesión de multimillonarias
subvenciones. Prácticamente la mitad de todas las que concedió aquel año el
Ayuntamiento las dio de forma directa, a dedo, sin seguir un procedimiento de
concurrencia competitiva en la que pudieran optar abiertamente distintos
candidatos y se repartiera el dinero atendiendo a los méritos de los
aspirantes.
La
ley permite la concesión de subvenciones directas, pero es una fórmula que
tipifica como «excepcional». En el Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, se
convirtió en habitual. Además, según la Cámara de Cuentas, esas ayudas se
dieron a dedo sin justificar adecuadamente los motivos.
Contratos bajo sospecha
En
las adjudicaciones de contratos municipales de obras y servicios también se
produjeron anomalías de relevancia. El informe de fiscalización que se hizo
público ayer destaca que parte de esos contratos se adjudicaron siguiendo unos
criterios que no habían sido detallados en los pliegos de licitación. Eso daba
un margen de maniobra amplio para la discrecionalidad a la hora de adjudicar
los contratos. La Cámara de Cuentas considera probado que se incurrió de esta
forma en anomalías que atentaron contra la exigible «seguridad jurídica» de los
licitadores.