El fiscal indaga un vínculo delictivo entre el
Gobierno de Tomás Gómez y el tranvía de Parla
EL PAIS -JOSÉ MARCOS Madrid 9 FEB 2015 -
00:02 CET
La
Comisaría General de la Policía Judicial ha pedido ayuda a diversos organismos
del Estado para desenmarañar la posible relación entre los miembros de dos
equipos de gobierno del Ayuntamiento de Parla (Madrid)
y el encarecimiento en 41 millones de las obras del tranvía de
esta ciudad de 125.000
habitantes. El fiscal lo apoya y habla “de hecho criminoso”. El caso
afecta directamente a Tomás Gómez, actual secretario general de los socialistas
madrileños y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid,
porque era alcalde de Parla cuando se aprobó la primera modificación.
Según el informe de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso EL PAÍS, es
necesario “determinar las relaciones tanto del tipo laboral y/o tributario que
hubieran existido entre los integrantes de las Juntas de Gobierno que aprobaron
las modificaciones y las empresas de la unidad concesionaria Tranvía de Parla,
SA”.
En las citadas juntas de 2006 y 2009 —la primera cuando era alcalde el
actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez— se aprobaron modificaciones, sin concurso, en
el proyecto viario inicial, que elevaron el montante de la obra de 108 a 149
millones, si bien el coste final, incluyendo intereses, alcanza ya los 256 millones.
A raíz del sobrecoste conocido, la fiscalía comenzó una investigación en
marzo pasado. De hecho, el actual Ayuntamiento, encabezado por la socialista
Beatriz Arceredillo, que heredó un déficit de 343 millones y una deuda de más de 2.900 euros por
habitante, está en quiebra técnica. Entre diciembre y enero, por ejemplo, una
brutal huelga de basuras cubrió de residuos las calles de la ciudad. Las arcas
municipales son incapaces de afrontar las reclamaciones de las múltiples
contratas locales. Estas no cobran y los empleados dejan de trabajar. Casi todos
los servicios de Parla fueron privatizados por Tomás Gómez y su sucesor, José
María Fraile, imputado también en la llamada Operación Púnica, una trama de
compra de políticos.
En la última documentación remitida a los tribunales, los expertos
policiales piden investigar a casi todos los concejales y tres técnicos,
excepto al entonces alcalde, Tomás Gómez, porque a finales de 2006 se ausentó
de la Junta de Gobierno en la que aprobó un “importe adicional total” al
proyecto inicial de unos 25 millones. Gómez justifica su ausencia porque la
Junta se celebró en “época navideña” y acudió a un colegio “posiblemente a
cantar villancicos”.
En concreto, la Policía Judicial pide la colaboración de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y de la Intervención General del Estado, ya que necesita
inspeccionar a dos bufetes de abogados y 12 empresas, entre las que hay
promotoras, constructoras, consultoras y especializadas en informática.
Por su parte, la Fiscalía de Área Getafe Leganés, la misma que dio inicio
al proceso, habla de posibles
delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. Además, sostiene que las pesquisas “son
pertinentes y útiles a los fines de la instrucción”. Wilfredo Jurado, uno de
los exconcejales de Gómez y actual asesor jurídico del PSM, pidió el pasado 13
de enero el “sobreseimiento” de la causa. Los socialistas mantienen, tras
conocer el informe policial, que las afirmaciones de los expertos de la
UDEF son “falsas
y tendenciosas”. Sin
embargo, el fiscal cree que “no procede” esta reclamación debido a que “se
están practicando diligencias indispensables para esclarecer el hecho
criminoso”.
El informe policial se ha redactado a petición de la responsable del
Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, María del Pilar Pérez Martín, que
quiere determinar si “efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron” y
“quiénes eran las personas que formaban parte” de la concesionaria (creada en
su origen por Acciona, FCC
Construcción, Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios y Caja
Castilla-La Mancha Corporación).
La UDEF solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social “facilite
toda la información obrante en sus bases de datos” sobre las personas físicas y
jurídicas investigadas. También anima a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria para que entregue los ficheros de sus bases de datos desde el 2005
hasta el pasado diciembre. Estos dos organismos deberán facilitar la
documentación hallada a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y
Anticorrupción.
La UDEF también pide a la Intervención General del Estado que designe a
funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado “en
calidad de auxilio judicial”. Reclama su ayuda con el fin de aportar “los
conocimientos propios de su especialidad al objeto de poder determinar las
posibles irregularidades cometidas”.
Gómez siempre ha mantenido que la modificación fue diseñada y aprobada por
el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, del PP. Pero el informe
policial ni lo menciona.
De los 12 políticos socialistas y tres técnicos de Parla investigados, la
UDEF considera un “dato de especial interés para la causa” que Wilfredo Jurado,
concejal de Urbanismo de Parla de 2003 a 2007 y actual abogado del PSOE
madrileño (PSM), figure como apoderado solidario desde mediados del año pasado
de Socramed SL, empresa constituida en septiembre de 2012 y que le vincula con
Fernando de Marcos García, que fue director general de Tranvía de Parla SA y
ocupó otros cargos, entre ellos apoderado y apoderado mancomunado. En la misma
fecha que Jurado, también fueron nombrados apoderados solidarios en Socramed
dos hermanos de Fernando de Marcos.
Jurado afirma que no aceptó el apoderamiento, pese a que De Marcos lo
eligió tras mudarse el año pasado a Estados Unidos por motivos profesionales.
También esgrime que su labor es la “normal” de “cualquier abogado en su
ejercicio profesional diario”, y alega en su defensa que, al contrario de lo
que dice la UDEF, ya no es el responsable urbanístico de Parla.
El objeto social de Socramed SL, domiciliada en el número 24 de la calle
Buen Suceso de Madrid, es “todo tipo de actividades de consultoría de gestión
empresarial; comprende el estudio y desarrollo con todos los aspectos técnicos,
económicos, financieros y administrativos”. El exdirector general del tranvía
aparece en el Registro Mercantil como el administrador solidario inicial de
Socramed junto a su esposa. La pareja confirió a Jurado y a los hermanos de De
Marcos “poder especial” para “actuar en nombre de los hijos” del matrimonio, en
ese momento ambos menores de edad.
Jurado es desde el pasado julio uno de los vocales de la Comisión Federal
de Ética y Garantías del PSOE. La policía también indaga sobre su pareja, Rosa
Alcalá, que es diputada autonómica en Madrid y secretaria de Administración del
PSM. También es la responsable de la gestora abierta en Parla tras la
imputación de José María Fraile en la Operación Púnica, en la que la Guardia
Civil intenta esclarecer el presunto pago de mordidas a cambio de contratos con
la Administración.
Fraile, sucesor de Tomás Gómez en la Alcaldía de Parla, es otro de los
políticos socialistas más destacados en el informe y se arriesga, en su caso, a
una nueva imputación. Pablo Sánchez Pastor, candidato del PSOE para Parla en
las elecciones municipales de mayo, también se encuentra entre los
investigados. Como la edil Victoria Muñoz, también imputada en Púnica.
Los técnicos municipales investigados son Francisco Domenech Gironés por su
condición de director de Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Parla, el
ingeniero Raúl Pérez Formigó y la ingeniera de caminos Elena María Fernández
Pérez, que fue detenida en Púnica.
ABC -ROBERTO PÉREZ / ZARAGOZA Día 10/11/2014 - 10.40h
Los pactos que el PSOE trabó con la
concesionaria de las obras y que no desveló públicamente disparan el coste a
500 euros por cada centímetro de línea.
Los
pactos trabados entre el gobierno socialista de Juan Alberto Belloch en el
Ayuntamiento de Zaragoza y las empresas a las que se adjudicó la construcción y
explotación del tranvía hipotecan
a la capital aragonesa en 639 millones de euros para 30 años.
La
cifra nunca ha sido desvelada por el PSOE de Belloch, que durante todos estos
años –el tranvía se construyó en dos fases, entre 2009 y 2013– se ha limitado a
hablar del coste del tranvía refiriéndose exclusivamente a lo que tenía que
invertirse en construirlo y a las subvenciones directas a las obras, que alcanzaron los 128,7 millones de
euros, aportados a medias entre el Consistorio y el Gobierno aragonés,
fruto del pacto alcanzado entre ambas instituciones cuando el PSOE también
estaba al frente del Ejecutivo autónomo.
Sin
embargo, esas subvenciones para las obras son solo una pequeña parte de lo que
en realidad tendrá que desembolsarse con cargo a las arcas públicas hasta el
año 2044. Porque los acuerdos trabados con las empresas del tranvía por el
gobierno municipal de Belloch se extienden hasta ese año.
Finalizada
la construcción de la línea comenzó su explotación comercial. De ella se
encarga una sociedad mixta (público-privada) denomianda Los Tranvías de
Zaragoza S.A. (Traza) en la que el Ayuntamiento tiene el 20% del accionariado.
El resto se reparte entre socios privados: las empresas CAF, Tuzsa, FCC, Acciona, Ibercaja y
Concessia.
Un
informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, al que ha tenido acceso ABC,
desgrana al detalle las obligaciones económicas que el gobierno de Belloch
alcanzó en 2009 con sus socios privados del tranvía. Y esas ventajosas
condiciones establecen, entre otras cosas, millonarias subvenciones anuales
para garantizar a los inversores que, por la explotación del tranvía, nunca
tendrán pérdidas económicas o, de existir, serán muy reducidas.
Además
de los 128,7 millones de fondos públicos con los que se subvencionaron las
obras de construcción, cuando se constituyó la sociedad Traza el Ayuntamiento
le desembolsó otros 11,28 millones de euros. Y, además de todo eso, año tras
año el Consistorio se obliga, hasta el año 2044, a seguir aportando fondos
directos en beneficio de la sociedad controlada por las empresas que forman
parte de Traza S.A.: en total, 499,11 millones de euros adicionales hasta
dentro de 30 años.
De
todo eso sale una cifra de
conjunto de 639 millones de euros de fondos públicos «hipotecados» en un tranvía de 12,8 kilómetros
de longitud de línea. Así que cada centímetro de raíles deja un coste de 500 euros con cargo a las
arcas públicas.
El
informe desvelado por ABC se produce en plena polémica por el tranvía, un
proyecto controvertido desde su origen, que el alcalde Belloch decidió sacar
adelante contra viento y marea, y sobre al que ahora planea la sombra de
sospecha por irregularidades económicas durante su construcción. A ellas apuntó
hace escasos días un trabajador de la empresa Acciona, testigo de cargo en la
macrocausa por corrupción en la empresa autonómica Plaza (Plataforma Logística
de Zaragoza) durante la era del PSOE, y que también estuvo vinculado en las
obras del tranvía.
Mientras
tanto, el Tribunal de Cuentas abrió hace tiempo una investigación para
fiscalizar específicamente el proyecto del tranvía de Zaragoza –junto a los de
otras ciudades españolas– y, además, ya hay abierta una causa judicial por
supuestas anomalías económicas en otros aspectos de las obras de esta línea.
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