martes, 31 de julio de 2018

LA NUEVA ESCLAVITUD.



El pez grande se come al chico, siempre ha sido así, es un hecho evidente, ahora bien, para que nuestra sociedad no sea una jungla, existen leyes, que en este caso protegen al chico, leyes que las administraciones aplican por el bien de los usuarios y por el bien de los propios sectores, entonces: ¿cómo puede ser que el pez grande sigua queriendo engullir todo, saltándose las leyes?

En su día algún “político intelectual” de Bruselas nos vendió la moto de las liberalizaciones de los sectores económicos, había que eliminar el proteccionismo y eso crearía riqueza y puestos de trabajo, es Adams Smith y David Ricardo a finales del siglo XIX, nada nuevo, es el sistema que ha existido desde que el ser humano inventó la agricultura o seguramente antes. Claro está que el devenir de la civilización creó acuerdos, plasmó sentencias, creo leyes que entendieron justas y que fueron renovándose con los años. Para esos “intelectuales de Bruselas” era imperante hacer una ley que eliminara los monopolios, la famosa “Ley Ómnibus”, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2009. Es una ley que modifica 47 leyes estatales de sectores como los de la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad. Supone la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales y elimina 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituye por comunicaciones previas, y suprime 111 requisitos. Aquí radica el problema: pone en el mismo plano a IBERIA, RENFE, REPSOL, UBER, CABETY, que una empresa de 1 solo trabajador, un autónomo, ¿Esto es justo?
No, por supuesto que no lo es.

Para colmo, los inversores de Wall Street inventan nuevos segmentos de negocio, que suele ser la captación de otros ya existentes, súmale que las fronteras no existen en internet, ni tampoco los controles fiscales y laborales. Ese es el caldo para LA NUEVA ESCLAVITUD. A la receta se le añade una sarta de eufemismos, un poco de “economía colaborativa”, un poco de “sana competencia”, otro de neoliberalismo, y por fin una bajada de precios para el consumidor.

La realidad es que la Ley Ómnibus es una farsa, no se aplica a los grandes, ni se aplica a los colegios profesionales, a los gremios de periodistas, o de abogados, de médicos, de empresas de autobuses urbanos, de farmacéuticos, de cuerpos de funcionarios. 

La realidad es que siempre necesitas una licencia para ejercer algo, un certificado, una autorización, un documento que dé legalidad a tu trabajo, a tu “negocio”. Por lo visto esa legalidad solo es aplicable en determinados casos. En los casos que no afectan a determinadas castas.

Esas empresas quieren más, más y más dinero, sin importar familias, ni vidas, para ellos solo somos números y leyes locales que les molestan.